Antenas de Telefonía en las comunidades

Las antenas de telefonía en las comunidades han proliferado muchísimo. Reportan beneficios económicos a la comunidad pero también son perjudiciales. La emisión de ondas electro magnéticas por antenas de telefonía es algo que todavía se está discutiendo.

Desde esta Confederación, conjuntamente con la asesoría jurídica de Soledad Gallego Bernad, se ha elaborado la información más relevante sobre este tema, mediante este informe, vamos a tratar de dar unas pautas, desde el punto de vista legal y jurídico, a aquellas comunidades de vecinos que han recibido una oferta de una operadora de telefonía móvil, para la instalación en su azotea de antenas de telefonía móvil.

¿Que efectos producen las antenas de telefonía en un edificio?

Un efecto que hay que tener en cuenta, es el peso de la estructura que se pretende instalar, que suele ser de varias toneladas, ya que no solo se instalan las antenas de telefonía, sino también casetas con distintos equipos. Es conveniente que la comunidad de propietarios se informe bien sobre el peso que se va a instalar en la azotea, y el lugar de apoyo del mismo. Si es necesario, debería solicitarse un informe a un arquitecto o técnico independiente de la operadora.

¿Qué son las ondas electromagnéticas?

Las antenas de telefonía instaladas en la azotea del edificio cubre una zona determinada, y envía y recibe señales de todos los teléfonos móviles que se desplazan por su zona. Estas señales que recibe y emite se denominan ondas electromagnéticas. Estas ondas no se ven, no se huelen, son invisibles, y se desplazan por el espacio sin necesidad de cable ni soporte material alguno. Estas ondas son absorbidas fácilmente por el cuerpo humano, en el que producen unos determinados efectos biológicos.

El problema se plantea por la falta de acuerdo de los científicos sobre cuales son los niveles perjudiciales y es que no existe acuerdo entre los científicos sobre si la exposición residencial a las ondas de las antenas de telefonía móvil puede conllevar riesgos para la salud humana. Pero al mismo tiempo, existe un amplio consenso respecto a que no ha sido demostrado que la exposición a estas ondas sea absolutamente segura.

Responsabilidad que derivan para la Comunidad de Propietarios.

En cuanto a posibles responsabilidades administrativas, la mayoría de los Ayuntamientos que actualmente han regulado la instalación de antenas de telefonía móvil en sus municipios han establecido que las infracciones que se cometan contra la normativa de instalación y conservación serán responsables solidarios, la empresa instaladora y el propietario o comunidad de propietarios del edificio o terreno en que se ubique la antena.

En cuanto a la responsabilidad civil que puede derivarse, es este un elemento que hay que tener muy en cuenta a la hora de adoptar la decisión de instalar las antenas de telefonía en el edificio, ya que el beneficio que se obtenga hoy, puede ser superado con creces por la cuantía de las indemnizaciones a pagar a vecinos que se opusieron a la instalación y a terceros residentes de edificios cercanos.

¿Que daños podemos alegar a las antenas de telefonía?

*Daño patrimonial: al devaluarse el valor de las viviendas del edificio en el que se instalan las antenas de telefonía, y de los edificios colindantes, pues cada vez empiezan a aparecer más noticias en prensa y televisión, y la gente empieza a percibir un peligro en la cercanía de estas instalaciones. Este tipo de noticias, tengan o no fundamento científico, tienen un claro efecto sobre el valor de la propiedad inmobiliaria, ya que una persona que haya leído este tipo de noticias, se lo pensará dos veces antes de comprar una vivienda cercana a una antena.

*Daño físico: derivado de las posibles enfermedades y trastornos físicos que puedan causar las ondas electromagnéticas que de forma continuada reciban de las antenas de telefonía los residentes del inmueble y vecinos colindantes. Las indemnizaciones pueden ser astronómicas, y nos encontraríamos ante un supuesto muy parecido al del tabaco o el amianto (en un principio se negó que fueran perjudiciales, demostrándose este extremo años después).

*Daño moral o psíquico: precisamente porque no existe actualmente certeza científica, la incertidumbre, y el daño moral que se puede producir a determinadas personas al obligarlas a vivir cerca de esa posible fuente de riesgo, es algo constatable y reconocido ya por los tribunales españoles.

¿Me puedo oponer a la instalación de las antenas de telefonía móvil?
Según los artículos 12 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, cualquier alteración de la estructura del edificio o de las cosas comunes afecta al título constitutivo, y requiere el voto favorable de todos los propietarios (unanimidad). Aunque solo un propietario se opusiera, no podría adoptarse validamente el acuerdo.

Aunque consideráramos que no se altera la estructura del edificio, y que no existe alteración visual de la fachada, el acuerdo que deberá adoptarse en este caso requerirá las 3/5 partes de los propietarios y necesitará el consentimiento del propietario o propietarios directamente afectados.

Hay que tener en cuenta que para adoptar el acuerdo, tanto por unanimidad como por mayoría cualificada, se contarán como votos favorables los de los propietarios ausentes de la votación, que debidamente citados a la Junta e informados posteriormente del acuerdo no manifiesten su oposición mediante escrito o telegrama dirigido al secretario en el plazo de 30 días. Esto es importante, porque si posteriormente se deriva algún tipo de responsabilidad, por los daños producidos a vecinos o terceros por la instalación de la antena, asumirán esa responsabilidad los vecinos que votaron favorablemente al acuerdo de instalación.

¿Puedo impugnar el acuerdo de la Junta de la instalación de las antenas de telefonía?

Si la Junta de Propietarios entiende que no hace falta unanimidad, y adopta el acuerdo por mayoría de 3/5, los propietarios que están al corriente de todas sus deudas con la comunidad que hubieren votado en contra en la Junta y los ausentes, dispondrán de tres meses para impugnar dicho acuerdo de instalación ante los tribunales.